El
caso Kim Davis
Cuando
alguien me habla peyorativamente de los Estados Unidos suelo comentar que es un
país muy diverso donde te puedes encontrar de todo y, por ello, difícil de
encasillar ideológicamente. Hay un gran espíritu asociacionista y, a pesar de
que hay dos grandes partidos, la política no está mediatizada por ellos sino
por un sinfín de actores, tanto a nivel personal como de grupo. Los estados
tienen amplias competencias en temas relacionados con la convivencia y sus
legislaciones pueden diferir en temas relevantes, que en muchos casos son
sometidos a votación.
El
17 de mayo de 2004 el estado de Massachusetts fue el primero en legalizar el
matrimonio entre personas del mismo sexo (1). En noviembre de ese mismo año el
estado de Kentucky aprobó en referéndum con la 75% de los votos favorables incluir
la siguiente enmienda en su constitución: “Solo el matrimonio entre un hombre y
una mujer será válido o reconocido en Kentucky. Un estatus legal idéntico o
sustancialmente similar al del matrimonio para individuos no casados no será
reconocido ni válido.” (2)
El
pasado 26 de junio la Corte Suprema de los Estados Unidos, Tribunal Supremo, decidió establecer
el matrimonio homosexual como un derecho garantizado por la Constitución para
todos los ciudadanos estadounidenses (3). Hasta entonces era legal en 37
estados, tras el fallo es legal en los 50 estados.
Kim
Davis es una funcionaria (county clerk) del condado de Rowan en Kentucky encargada de
tramitar las licencias de matrimonio. Por cuestiones de conciencia se niega a
firmar las correspondientes a uniones entre personas del mismo sexo. (4)
Denunciada por ello, es juzgada en el tribunal federal de Ashland y, debido a
su actitud persistente, el juez federal David L. Bunning ordena encarcelarla
hasta que deponga su actitud. El magistrado señaló que decidió ordenar la detención de la mujer con el
convencimiento de que si tan solo la hubiera multado, no hubiera sido
suficiente para que cambiara su postura. (5) Cinco
días después y tras comprobar que, como había ordenado, los ayudantes de la
señora Davis estaban tramitando las licencias pendientes, el mismo juez declaró
que debía de ser excarcelada con la condición de no interferir en la emisión de licencias por otros funcionarios. (6)
Estamos
ante un caso claro de conflicto entre la ley y la conciencia. Para la acusada, primero está «la autoridad de Dios» que la de la ley y las sentencias del máximo tribunal estadounidense (4). Para
el juez, “Davis tiene sin duda la libertad de estar en desacuerdo con la opinión
de la Corte... pero eso no le
exime de cumplir con ella. Sostener lo contrario sería sentar un peligroso
precedente” (7).
El
caso ha generado un amplio debate en la sociedad estadounidense entre partidarios y
detractores de los protagonistas y es una muestra de la vitalidad de la
sociedad civil en dicho país.
La
Corte Suprema no tuvo en cuenta que la aplicación de su fallo violentaba la
conciencia de muchos ciudadanos, especialmente en aquellos estados donde la mayoría de la población se había manifestado públicamente en sentido contrario. La imposición
por un tribunal de una obligación que vulnera el sentir popular suele generar
graves conflictos. Además, se le olvidó, o quizá ni se lo planteó, que podía
dejar algún resquicio para permitir la objeción de conciencia.
(7) www.washingtonpost.com/news/post-nation/wp/2015/09/04/he-has-guts-judge-david-bunning-the-same-sex-marriage-decisions-unlikely-enforcer/ : “Davis is certainly free to
disagree with the court’s opinion, as many Americans likely do, but that does
not excuse her from complying with it. To hold otherwise would set a dangerous
precedent.”
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